Horco Molle: “si esto sigue así, en 10 años será una favela”

Horco Molle: “si esto sigue así, en 10 años será una favela”

Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) les están dando los retoques a un acta de acuerdo que planean enviarles a las personas que

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Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) les están dando los retoques a un acta de acuerdo que planean enviarles a las personas que viven en los alrededores de la Reserva y del Jardín Botánico de Horco Molle, dos de los sitios más emblemáticos del Parque Sierra de San Javier, un área protegida de más de 14.000 hectáreas que le pertenece a esa institución. En ese texto dirán que les conceden una tenencia o un permiso de uso y goce de sus viviendas. No obstante, esa concesión concluirá con el fallecimiento del tenedor o permisionario. Una vez que eso ocurra, sus familiares deberán desocupar el predio, excepto si hubiere hijos menores de edad. En este caso, podrán quedarse hasta que cumplan la mayoría.

En el documento que pretenden hacer firmar a los pobladores, éstos deben reconocer -primero- que la UNT es la legítima propietaria y poseedora de los terrenos que habitan. Luego, tienen que describir a su grupo familiar (cónyuge e hijos). Tras eso, se les prohibirá cualquier tipo de transferencia de las casas. En el acuerdo se detallará la cantidad de metros cuadrados construidos y de ambientes y las medidas de los terrenos.

Para los ocupantes que suscriban el acta se harán gestiones para que les instalen medidores individuales de corriente eléctrica. Actualmente, quienes viven en ese paraje usan la luz que les provee esa institución. En el encabezado del acta se lee la siguiente justificación: “es política de la UNT la regularización de todos los inmuebles de su propiedad y, en particular, la situación de los ocupantes de Horco Molle. Se necesita un marco jurídico que garantice la pacífica convivencia entre ellos y la universidad, que evite conflictos y que asegure la preservación del medio ambiente”.

Es probable que a esa introducción la hayan escrito el abogado Máximo Castro, el ingeniero Gustavo Vitulli o el licenciado José Hugo Saab. Los tres tienen injerencias en una comisión que se constituyó a mediados de 2018, con el objetivo de regularizar los dominios universitarios (hay terrenos que han sido adquiridos en la década de 40 y que todavía no se encuentran anotados en el Registro Inmobiliario). Las tierras de Horco Molle son el botón de esa muestra: les fueron expropiadas a la sucesión de Justiniano Frías Silva en 1947. No están inscriptas.

“Estamos haciendo los planos de mensura. En esa época no se hacían mediciones”, explica Castro, quien ha sido puesto al frente de ese departamento. Esa negligencia se asienta en otra razón: la burocracia que envuelve a la Universidad ha hecho que muchas tareas comiencen, pero no acaben. Eso razona Saab, secretario general. Luego Vitulli, secretario de Bienestar, aporta una tercera causa: “antes, nadie avanzaba sobre el patrimonio del Estado nacional. Pero hoy, ese respeto no existe”.

Los funcionarios recuerdan un episodio de días atrás: en una esquina del camino que conduce a Horco Molle se amontonaban policías en bicicleta, motos, autos y camionetas; guardaparques; funcionarios universitarios; un abogado; una familia; vecinos y curiosos. La gresca se debió a que representantes de la UNT intentaron impedir que los propietarios de una vivienda les cobraran un cánon por estacionar a las personas que ingresaban al parque.

La discusión alcanzó su punto más álgido cuando el abogado Omar Luis Reynoso le enrostró a José Luis Castillo, director de los operativos de seguridad, que sus representados (la familia Medina) no eran usurpadores. Minutos después, los ánimos se aquietaron con la llegada de Saab. Pero de ningún modo, la situación ha quedado zanjada.

En la Corte Suprema

El caso de los Medina se dirime actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso de queja extraordinario, tras haber pasado por un juzgado federal de primera instancia, a cargo del juez Daniel Bejas, y por la Cámara de Apelaciones de Tucumán, donde intervinieron los magistrados Ricardo San Juan, Marina Cossio y Hernán Frías Silva. En todas esas etapas, los magistrados rechazaron la demanda por prescripción adquisita que había interpuesto Carlos Medina, el patriarca de esa familia.

En su presentación, Medina había argumentado -básicamente- que el inmueble que ocupa correspondió originariamente a su difunto padre, Tomás Medina. Contó que la vivienda tiene una galería de hace 50 años. Que la propiedad se encuentra forestada con vegetación de antaño. Y que en el campo que los rodea pusieron árboles de citrus, durazno, ciruela, mango y palta.

Pero la UNT negó casi todo lo invocado por Medina. Contestó que esa vegetación está allí porque pertenece a la Reserva. Que del plano de mensura autorizado por la Dirección General de Catastro surge que el predio que se pretende prescribir pertenece a una mayor extensión, cuyo titular de domino es la universidad. Que se trata de un área natural protegida. Y que en los documentos del Registro Inmobiliario consta que entre 1947 y 1949 se ordenó la transferencia.

El último relevamiento hecho en Horco Molle data de 2017. En ese entonces había unas 190 familias. Siete años atrás, en 2010, habían contabilizado unas 130 familias (60 menos). “Si esto sigue así, en 10 años será una favela”, piensa Castro. “Esta situación tiene que ver con dos cosas: la realidad social y algunos padrinazgos”, añade Saab, con aire pensativo. “La gente está a la espera de ver qué sucede con Medina. Y la suerte de Medina está sellada: le rechazarán su planteo. Se trata de un área protegida. Es improponible cualquier intento de instalación”, retoma Castro.

Actualmente, el caso Medina es el único planteo ante la Justicia. El bosquejo de acta de regularización debe ser sometido a la deliberación del Consejo Superior universitario. Una vez que eso suceda, la comisión tiene pensando iniciar juicios de desalojo en contra de quienes se nieguen a poner su firma. Además, evalúan emprender acciones administrativas, puesto que muchos de los lugareños son empleados de esa casa de estudios. Medina -de hecho- es jubilado universitario.

“Hay que parar las usurpaciones para parar el efecto contagio”, concluye Castro. La charla culmina, pero en el aire quedan preguntas.

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